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ORGANIZACION FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA -   OFRANEH
La Ceiba, Atlántida. Apt. 341
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COMUNICADO, Politizacion del sistema judicial en Honduras, 10/2/02

La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) a la opinión pública nacional e internacional, denuncia lo siguiente: 

1. La sociedad hondureña vio en las reformas constitucionales del Poder Judicial de febrero de 2001 y muy especialmente las relacionadas con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el inició de un proceso que favorecería el adecentamiento de la impartición de justicia, históricamente caracterizada por el control que sobre la misma ejercen grupos de poder económico y político del país. La cooperación internacional por su parte, ha jugado un papel relevante para favorecer el cambio en el Poder Judicial apoyando el fortalecimiento del Poder Judicial mediante financiamiento y otras medidas como la capacitación de los operadores de justicia, defensores públicos, etc. 

2. Una de las reformas al apartado constitucional sobre el Poder Judicial que constituye un avance para la estabilidad y acceso del personal de ese poder del Estado, se refiere a las atribución de la Corte Suprema de Justicia, contemplada en el Artículo 313 numeral 8 de las citadas reformas. Conforme las mismas corresponde a la Corte Suprema “Nombrar y remover los Magistrados y Jueces previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial”. En relación a la atribución anterior, la OFRANEH señala la especial relevancia que para profundizar el proceso de reformas tiene la selección de jueces y magistrados con base a méritos y no como producto del clientelismo político que peligrosamente inclina la balanza de la justicia a favor de los grupos de poder señalados en el número anterior. Los pueblos indígenas y negros de Honduras, históricamente han sido víctimas de este orden de cosas.

 3. La OFRANEH con pleno conocimiento de las interioridades que actualmente ocurren al interior de la Corte Suprema de Justicia denuncia las medidas despóticas, que en claro abuso de poder se aplican desde la misma Corte Suprema de Justicia para despedir y contratar a magistrados, jueces, defensores y demás personal, sin criterio alguno que mire la sana impartición de la justicia. OFRANEH denuncia que los despidos indiscriminados en el Poder Judicial y las nuevas contrataciones responden a viejos y arraigados vicios que aún se imponen en ese poder del Estado para favorecer el clientelismo político. 

Asimismo, con conocimiento pleno, la Ofraneh denuncia que la aplicación de la reforma constitucional que manda del Consejo de la Carrera Judicial proponer el nombramiento y remoción de jueces y magistrados con base a principios que favorezcan los altos valores que inspiran la administración de justicia no se está cumpliendo toda vez que la conformación del mismo obedece al control que sobre el mismo ejerce el partido de gobierno. Así las cosas el Poder Judicial se maneja como si se tratara de una hacienda cuyos capacates llamados jueces y magistrados responden a los intereses del partido o de los dirigentes que les consiguió la “chamba”. 

En atención a lo anterior la Ofraneh concluye: 

(1) Las reformas impulsadas por la sociedad civil para la despolitización del Poder Judicial -que iniciaron con la misma Corte Suprema-, está en peligro de perderse pues la conformación del personal de ese Poder del Estado peligrosamente está respondiendo a criterios de clientelismo político. 

(2) Se hace necesario una auditoria de la Comisión de la Carrera Judicial para su despolitización a efecto que cumpla con ecuanimidad el mandato constitucional, para cuyo efecto hace un llamado a la sociedad civil y organizaciones e instituciones relacionadas con el sector justicia para profundizar las reformas emprendidas. La cooperación internacional y los medios de comunicación son llamados para impulsar esta tarea de enorme trascendencia para la despolitización y el adecentamiento del Poder Judicial. 

(3) Hacemos un llamado al Ministerio Público, Comisionado de Derechos Humanos para que realicen una investigación de esta denuncia, presentando oportunamente el correspondiente informe que incluya propuestas de solución a este mal que amenaza con afectar aún más la de por si precaria administración de justicia del país. 

La Ceiba Atlántida 02 de octubre de 2002

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